El Reglamento de la UE contra la deforestación (EUDR) tiene como objetivo garantizar que las materias primas y los productos derivados de ellas que se comercialicen en la UE o se exporten desde ella no contribuyan a la deforestación. El reglamento abarca la madera, el papel, la soja, el aceite de palma, el caucho, la carne de vacuno y el cacao. Los operadores deben demostrar que sus productos no se originan en zonas deforestadas. Aunque estaba previsto para el 30 de diciembre de 2024, el plazo se ha pospuesto de nuevo, ahora hasta el 30 de diciembre de 2026.
El último aplazamiento del EUDR fue oficialmente necesario porque los instrumentos clave —en particular el sistema informático central para el intercambio de declaraciones de diligencia debida (DDS) y los indicadores de referencia por países— aún no estaban operativos. Los Estados miembros también se encontraban en diferentes fases de preparación.
Un mandato social y político para el aprovisionamiento responsable
Los críticos advierten de que el nuevo aplazamiento del EUDR socava la voluntad política y tiene un coste en superficie forestal. En 2024, se perdieron en todo el mundo unos 8,1 millones de hectáreas de bosque, más de la mitad en los trópicos (Fuente: WRI). El vínculo entre las cadenas de suministro internacionales y la deforestación está científicamente establecido y reconocido socialmente.
En este contexto, crece la presión sobre las empresas para que se preparen rápidamente —a pesar del retraso—, ya que las obligaciones fundamentales del EUDR siguen aplicándose a la madera y los productos derivados de la madera que se venden en la UE. Y los compradores no esperan a los plazos políticos.
Se requiere un equilibrio político. Los partidos y los parlamentos tienen el deber urgente de crear marcos que garanticen que la economía europea mantiene sus ambiciones regulatorias sin perder de vista los bosques y las comunidades de los países de origen.
El EUDR tiene graves deficiencias de fondo
Por razonables que sean todos estos requisitos, su aplicación práctica se enfrenta a obstáculos considerables, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Dos ejemplos lo ilustran:
1. La obligación de trasladar los números de registro a lo largo de toda la cadena comercial y de suministro —sin que esos números proporcionen en sí mismos información adicional sobre el origen de las materias primas—. Esto genera una carga burocrática enorme con escaso beneficio práctico.
2. Se imponen requisitos extremadamente exigentes para la recopilación de datos de geolocalización (por ejemplo, datos de polígonos a nivel de parcela). Dichos datos a menudo no están disponibles, son inaccesibles o —especialmente para productos mezclados o en lote— son técnicamente difíciles de atribuir.
A esto se suman numerosas barreras técnicas: muchas empresas, especialmente las PYMES, no disponen de sistemas informáticos sofisticados ni de plataformas de datos. Lo que más urgentemente necesitan son soluciones pragmáticas y ágiles que se ajusten a sus capacidades reales.
Propuesta práctica para simplificar el EUDR
Dada la compleja situación descrita anteriormente, proponemos limitar la información sobre el origen a un nivel realista pero aún eficaz, a saber, los estados o regiones administrativas (por ejemplo, 'Pará, Brasil' en lugar de coordenadas de parcelas individuales).
• Los códigos ISO para los estados ya existen y son reconocidos internacionalmente.
• Pueden integrarse fácilmente en sistemas informáticos y bases de datos.
• Esta información ya es una práctica habitual en la industria papelera y se comunica normalmente a través de fichas técnicas. Esta información tampoco debería representar requisitos adicionales significativos para otros sectores.
• La carga para las empresas sigue siendo manejable, al tiempo que permite una diferenciación significativa del origen.
• La tecnología genética o de isótopos puede utilizarse para verificar de forma fiable las regiones de origen.
• Para los consumidores, información como 'Estado X (País Y)' es comprensible y útil, mucho más fácil de entender que las coordenadas o los números de registro crípticos.
• Desde una perspectiva política y regulatoria, esto cumple el objetivo de transparencia y trazabilidad sin sobrecargar a las pequeñas y medianas empresas.