La UE ha pospuesto el Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR), pero la presión sobre las empresas continúa. Por qué solicitar información a nivel estatal federal para cubrir el 95% de los riesgos ESG, y por qué el punto medio ahora exige normas viables en lugar de requisitos de detalle excesivos.
El Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) tiene como objetivo garantizar que las materias primas comercializadas en la UE o exportadas desde la UE, y los productos elaborados a partir de ellas, no contribuyan a la deforestación. Originalmente, el EUDR debía aplicarse a partir del 30 de diciembre de 2024, pero se pospuso un año con poca antelación, a finales de 2024. Ahora se ha anunciado un nuevo aplazamiento: la fecha de inicio para la mayoría de las empresas está fijada para el 30 de diciembre de 2026. Las microempresas y pequeñas empresas deben aplicar la normativa a partir del 30 de junio de 2026, a menos que ya estén cubiertas por el Reglamento de la Madera de la UE (EUTR).
El nuevo aplazamiento del EUDR era necesario porque las herramientas esenciales —en particular el sistema informático central para el intercambio de declaraciones de diligencia debida— aún no parecen ser lo suficientemente estables y operativas. La Comisión hace hincapié en que el retraso no modificará de forma significativa los requisitos de contenido del EUR. Sin embargo, también se piden adiciones, por ejemplo, el establecimiento de una «categoría de riesgo cero» para los países con un riesgo de deforestación insignificante. Y la transmisión de los «números DDS» a la cadena de suministro posterior está siendo cuestionada desde el punto de vista fundamental.
Los críticos advierten que el nuevo aplazamiento de la EUDR socava la voluntad política y cuesta áreas forestales. En 2024, se perdieron alrededor de 8,1 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, como señala el último informe de evaluación de la Declaración Forestal. La región amazónica volvió a verse particularmente afectada: en Brasil, el aumento de los incendios provocó un nuevo récord de pérdida de bosques, mientras que Bolivia incluso registró un aumento del 200% en la deforestación en comparación con el año anterior. En general, el informe muestra que, en promedio, el 86% de la deforestación mundial de los últimos diez años puede atribuirse al uso agrícola permanente. Además, la extracción de oro y carbón también está aumentando como causas de destrucción de los bosques.
En este contexto, aumenta la presión sobre las empresas para que se preparen rápidamente a pesar del retraso, porque las obligaciones fundamentales del EUDR siguen aplicándose a los productos derivados de la madera en virtud del EUTR actual. Tampoco se puede negar la importancia social del reglamento. En un mundo en el que el cambio climático y los daños ambientales son cuestiones cada vez más existenciales, muchos grupos minoristas, ONG e inversores han coincidido en que la transparencia en las cadenas de suministro no es un lujo, sino un principio básico de contratación responsable. Como resultado, las empresas de hoy se encuentran bajo una doble presión: se espera que tengan éxito económico y que asuman la responsabilidad ecológica y social.
Políticamente, se requiere un acto de equilibrio. Se hace un llamamiento urgente a los partidos y los parlamentos para que establezcan condiciones marco que garanticen que la economía europea recupere su impulso y que la burocracia se reduzca notablemente. Al mismo tiempo, la opinión pública y los medios de comunicación presionan a los gobiernos: los escándalos relacionados con el trabajo infantil clandestino, la deforestación o las violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro mundiales provocan rápidamente demandas por parte de los votantes. Para la UE, la EUDR es un proyecto emblemático: señala el compromiso mundial con el clima y la sostenibilidad, proporciona orientación a las empresas y crea una base legal para sancionar las infracciones.
Sin embargo, a pesar de lo sensatos que son todos estos requisitos, su aplicación práctica se enfrenta a obstáculos considerables, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La EUDR exige con frecuencia detalles excesivos, y criticamos en particular los siguientes puntos clave:
1. La obligación de transmitir los números de registro a lo largo de toda la cadena comercial y de suministro, sin que estos números por sí solos proporcionen información adicional, genera un enorme esfuerzo burocrático con pocos beneficios.
2. Se imponen requisitos extremadamente exigentes para la recopilación de datos geográficos (por ejemplo, datos de polígonos a nivel de propiedad). Sin embargo, estos datos a menudo no están disponibles, son delicados desde el punto de vista legal o poco claros desde el punto de vista metodológico, y sin información adicional, no tienen sentido para los riesgos ASG.
Además, existen muchas barreras técnicas: muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no cuentan con sistemas de TI o plataformas de datos sofisticados para procesar dicha información de manera eficiente y reportarla de manera que cumpla con la ley. Esto crea un alto riesgo de exigencias excesivas: si tan solo las grandes empresas pueden cumplir todos los requisitos, existe el peligro de que las pequeñas y medianas empresas queden sistemáticamente en desventaja o de que las concesiones necesarias se conviertan en una condición para obtener el favor político.
A la luz de la compleja situación antes mencionada, proponemos limitar las indicaciones de origen a un nivel realista pero efectivo, es decir, a los estados federales o subdivisiones comparables (por ejemplo, utilizando los códigos ISO existentes). En combinación con los Códigos del Sistema Armonizado (SA) para las materias primas, esto cubriría alrededor del 95% de los riesgos de sostenibilidad pertinentes. Esta solución tiene varias ventajas:
• Los códigos ISO para los estados federales ya existen y están reconocidos internacionalmente.
• Se pueden integrar fácilmente en sistemas de TI y bases de datos.
• Esta información ya es una práctica habitual en la industria papelera y, por lo general, se comunica a través de hojas de datos técnicos. Esta información tampoco debería plantear ningún problema a la industria de los aserraderos.
• El esfuerzo que requieren las empresas sigue siendo manejable y, al mismo tiempo, permite una diferenciación significativa del origen.
• La tecnología genética o isotópica se puede utilizar para verificar de manera confiable las regiones de origen.
• Para los consumidores, la información como «Estado X (país Y)» es comprensible y útil, mucho más fácil de entender que las coordenadas o los números de registro crípticos.
• Desde una perspectiva política y regulatoria, esto cumple con el objetivo de transparencia y trazabilidad sin abrumar a las pequeñas y medianas empresas.
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